Asesoría jurídica especializada en derecho mercantil, constitución de sociedades, contratos comerciales, propiedad intelectual y resolución de conflictos empresariales. Desde cualquier ciudad de Colombia.
Colombia atraviesa un momento de transformación económica sin precedentes. El tejido empresarial del país, compuesto por más de 1,6 millones de sociedades registradas ante las Cámaras de Comercio, enfrenta desafíos jurídicos que van desde la formalización de nuevos emprendimientos hasta la reestructuración de conglomerados con presencia multinacional. En este contexto, el derecho comercial no es un complemento accesorio de la actividad económica: es su columna vertebral. Cada transacción, cada acuerdo entre partes, cada expansión hacia nuevos mercados descansa sobre un entramado de normas mercantiles que, cuando se comprenden y aplican correctamente, se convierten en el mejor aliado del empresario colombiano.
El Código de Comercio colombiano, expedido mediante el Decreto 410 de 1971 y modificado a lo largo de cinco décadas por leyes como la 222 de 1995, la 1258 de 2008 y la 1429 de 2010, constituye el cuerpo normativo fundamental que regula las relaciones entre comerciantes y las operaciones mercantiles en el territorio nacional. Sin embargo, la complejidad del comercio contemporáneo exige una lectura que trascienda el texto legal y se nutra de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su Sala Civil, de las circulares de la Superintendencia de Sociedades y de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio. Un abogado comercial competente no solo conoce la norma; interpreta su evolución y anticipa su dirección.
La constitución de una sociedad comercial en Colombia es, con frecuencia, el primer acto jurídico relevante de un emprendedor. La elección entre una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), una Sociedad Anónima (S.A.), una Sociedad de Responsabilidad Limitada (Ltda.) o incluso una Sociedad en Comandita determina no solo la estructura de gobierno corporativo, sino también el régimen de responsabilidad de los socios, las obligaciones tributarias y la capacidad de atraer inversión. Desde la promulgación de la Ley 1258 de 2008, la SAS se ha convertido en el vehículo societario preferido: más del 95% de las nuevas sociedades constituidas en Colombia adoptan esta figura, según datos de Confecámaras. Su flexibilidad estatutaria, la posibilidad de constituirse con un solo accionista y la limitación de la responsabilidad al monto de los aportes la hacen ideal tanto para microempresas como para estructuras corporativas sofisticadas.
Pero constituir una sociedad es apenas el comienzo. La vida empresarial genera un flujo constante de relaciones contractuales que requieren acompañamiento jurídico permanente. Los contratos mercantiles —compraventa de establecimientos de comercio, suministro, agencia comercial, franquicia, joint venture, distribución— son instrumentos que, bien redactados, protegen los intereses de las partes y previenen litigios costosos. La jurisprudencia colombiana ha desarrollado criterios claros sobre la buena fe mercantil (artículo 863 del Código de Comercio), la resolución por incumplimiento, la teoría de la imprevisión y las cláusulas abusivas en contratos de adhesión. Ignorar estos desarrollos puede significar la diferencia entre un negocio exitoso y un litigio que consuma años y recursos.
La propiedad intelectual es otro frente que ninguna empresa puede descuidar. En un mercado donde el valor de la marca muchas veces supera al de los activos físicos, el registro oportuno ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no es un gasto: es una inversión estratégica. Colombia, como miembro de la Comunidad Andina de Naciones, aplica la Decisión 486 de 2000 como régimen común de propiedad industrial, lo que otorga a las marcas registradas protección en los cuatro países andinos. Además, la adhesión al Protocolo de Madrid permite extender la protección marcaria a más de 120 jurisdicciones con una sola solicitud. Un abogado comercial con experiencia en propiedad intelectual orienta al empresario no solo en el registro, sino en la vigilancia, la defensa y la monetización de sus activos intangibles.
Finalmente, cuando la empresa enfrenta dificultades financieras, el régimen de insolvencia empresarial establecido por la Ley 1116 de 2006 ofrece mecanismos de reorganización que buscan preservar la empresa como unidad de explotación económica y fuente de empleo. Lejos de ser un estigma, el proceso de reorganización es una herramienta legítima que, conducida con asesoría jurídica adecuada, puede devolver la viabilidad a negocios que de otro modo desaparecerían. La Superintendencia de Sociedades, como juez del concurso, ha consolidado una doctrina sólida que privilegia la negociación sobre la liquidación, siempre que el deudor actúe de buena fe y con transparencia.
Soluciones jurídicas integrales para cada etapa de la vida empresarial, desde la constitución hasta la expansión y reestructuración.
Creación de SAS, S.A., Ltda. y demás tipos societarios. Redacción de estatutos, registro mercantil ante Cámara de Comercio, obtención de NIT y RUT. Asesoría en la estructura de gobierno corporativo más adecuada para cada proyecto.
Redacción, revisión y negociación de contratos de compraventa, suministro, distribución, agencia comercial, franquicia, joint venture, licenciamiento y prestación de servicios. Cláusulas de confidencialidad y no competencia.
Registro de marcas, patentes, diseños industriales y nombres comerciales ante la SIC. Vigilancia marcaria, oposiciones, cancelaciones. Protección de derechos de autor y licenciamiento de software y contenido digital.
Arbitraje comercial nacional e internacional, conciliación extrajudicial, mediación y negociación directa. Representación ante tribunales de arbitramento y centros de conciliación. Cláusulas compromisorias y pactos arbitrales.
Reformas estatutarias, fusiones, escisiones y transformaciones societarias. Acuerdos de accionistas, pactos de socios, asambleas y juntas directivas. Gobierno corporativo, conflictos entre socios y ejercicio del derecho de inspección.
Acciones preventivas y de reparación por actos de competencia desleal. Desviación de clientela, confusión, engaño, desprestigio, imitación y violación de secretos empresariales. Representación ante la SIC en procesos jurisdiccionales.
El Decreto 410 de 1971, por el cual se expidió el Código de Comercio colombiano, cumplió más de cincuenta años de vigencia en un entorno económico radicalmente distinto al de su promulgación. A pesar de su antigüedad, este cuerpo normativo sigue siendo la base del derecho mercantil colombiano, complementado por una prolífica producción legislativa posterior. El Libro Primero regula a los comerciantes y los actos de comercio; el Libro Segundo se ocupa de las sociedades comerciales; el Libro Tercero trata los bienes mercantiles (incluido el establecimiento de comercio y la propiedad industrial, parcialmente derogada por normas andinas); el Libro Cuarto aborda los contratos y obligaciones mercantiles; el Libro Quinto regula la navegación y el Libro Sexto los procedimientos.
La condición de comerciante, según el artículo 10 del Código, se adquiere por el ejercicio profesional y habitual de actividades que la ley califica como mercantiles. Esta calificación conlleva obligaciones específicas: matricularse en el registro mercantil, llevar contabilidad regular, conservar la correspondencia comercial, abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal y denunciar ante el juez la cesación de pagos. El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear sanciones de la Superintendencia de Sociedades y, en casos graves, la pérdida del beneficio de la limitación de responsabilidad para los administradores societarios.
Antes de la Ley 1258 de 2008, el panorama societario colombiano estaba dominado por las formas tradicionales: la Sociedad Anónima, regulada por los artículos 373 a 460 del Código de Comercio, exigía mínimo cinco accionistas, constitución por escritura pública y un capital autorizado, suscrito y pagado; la Sociedad de Responsabilidad Limitada (artículos 353 a 372) requería mínimo dos y máximo veinticinco socios, con responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales y fiscales; y las sociedades en comandita (simple y por acciones) combinaban socios gestores con responsabilidad ilimitada y socios comanditarios con responsabilidad limitada.
La Sociedad por Acciones Simplificada transformó este panorama. Inspirada en la SAS francesa (Société par Actions Simplifiée) y en desarrollos legislativos latinoamericanos, la SAS colombiana introdujo características que la convirtieron en el tipo societario más flexible del continente: constitución mediante documento privado inscrito en el registro mercantil (sin necesidad de escritura pública), posibilidad de unipersonalidad, inexistencia de capital mínimo o máximo, libertad para establecer la estructura orgánica en los estatutos, supresión de la obligatoriedad de revisor fiscal (salvo que los activos o ingresos superen los umbrales legales), y un régimen de responsabilidad que protege a los accionistas limitando su riesgo al monto de sus aportes. El artículo 42 de la Ley 1258 establece, no obstante, que esta limitación no opera en casos de fraude a la ley o abuso del derecho, preservando así la doctrina del levantamiento del velo corporativo.
La flexibilidad de la SAS se extiende al régimen de acciones: los estatutos pueden prever acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con dividendo fijo anual, acciones privilegiadas, acciones de pago y cualquier otra clase que los accionistas determinen. Esta versatilidad permite estructurar capitalizaciones, rondas de inversión y acuerdos entre fundadores con una precisión que los tipos societarios tradicionales no ofrecen. Para startups y emprendimientos tecnológicos, la SAS se ha convertido en el vehículo natural, facilitando la entrada de inversionistas ángeles y fondos de capital de riesgo.
El principio de autonomía de la voluntad privada, consagrado en el artículo 4 del Código de Comercio y reforzado por el artículo 1602 del Código Civil, permite a las partes diseñar sus relaciones contractuales con amplia libertad, siempre que no contravengan normas imperativas, el orden público o las buenas costumbres. En el ámbito mercantil, esta libertad se materializa en una variedad de contratos típicos e innominados que regulan las operaciones más diversas.
El contrato de agencia comercial (artículos 1317 a 1331 del Código de Comercio) merece especial atención por sus implicaciones económicas. El agente, como intermediario independiente, promueve o explota negocios en un territorio determinado a nombre del empresario (agenciado). La ley colombiana establece una cesantía comercial a favor del agente a la terminación del contrato (equivalente a la doceava parte del promedio de la comisión de los últimos tres años por cada año de vigencia), así como una indemnización equitativa si la terminación no obedece a justa causa. Estas disposiciones, de carácter imperativo, no pueden ser renunciadas anticipadamente por el agente, según ha reiterado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
El contrato de franquicia, aunque no está tipificado expresamente en el Código de Comercio colombiano, se regula por las normas generales de los contratos mercantiles y ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial. La Superintendencia de Industria y Comercio ha señalado que el franquiciante debe suministrar al franquiciado, con antelación razonable, información completa sobre el sistema de franquicia, sus costos, las condiciones del mercado y los resultados históricos de la red. La omisión de esta información puede constituir un vicio del consentimiento y generar responsabilidad precontractual.
El sistema de propiedad intelectual en Colombia opera en dos niveles complementarios. A nivel comunitario, la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina constituye el régimen común de propiedad industrial, aplicable directamente en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia con prevalencia sobre la legislación interna. Esta norma supranacional regula las patentes de invención (con un plazo de protección de 20 años), los modelos de utilidad (10 años), los diseños industriales (10 años), las marcas (10 años renovables) y los nombres comerciales (vigentes mientras se usen en el comercio). A nivel nacional, la Decisión 486 se complementa con la Ley 256 de 1996 (competencia desleal), la Ley 23 de 1982 y la Ley 1915 de 2018 (derechos de autor) y el Decreto 2591 de 2000.
El registro de una marca ante la SIC sigue un procedimiento que inicia con la búsqueda de antecedentes, continúa con la solicitud formal clasificada según el Arreglo de Niza (actualmente en su 12.a edición, con 45 clases de productos y servicios), la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, un periodo de oposiciones de 30 días hábiles y, finalmente, el examen de registrabilidad por parte de la autoridad. Los motivos de irregistrabilidad incluyen la identidad o similitud confusoria con marcas previamente registradas, el carácter genérico o descriptivo del signo, y la afectación de derechos de terceros. Un abogado con experiencia en propiedad intelectual puede diseñar estrategias de protección que incluyan registros defensivos, acuerdos de coexistencia y vigilancia tecnológica de solicitudes de terceros.
La Ley 1116 de 2006 sustituyó la Ley 550 de 1999 como régimen de insolvencia empresarial en Colombia. Su objetivo fundamental es la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo. El proceso de reorganización procede cuando el deudor se encuentra en cesación de pagos (incumplimiento de dos o más obligaciones por más de 90 días, o existencia de dos o más demandas ejecutivas) o en situación de incapacidad de pago inminente.
Una vez admitido el proceso por la Superintendencia de Sociedades, se produce la suspensión de los procesos ejecutivos contra el deudor y la prohibición de iniciar nuevos. El deudor conserva la administración de sus bienes y negocios bajo la vigilancia de un promotor designado. Dentro de los cuatro meses siguientes a la providencia de apertura (prorrogables por dos meses más), el deudor y sus acreedores deben celebrar un acuerdo de reorganización que establezca las condiciones de pago, los plazos, las quitas y los mecanismos de salvamento. El acuerdo requiere el voto favorable de acreedores que representen por lo menos la mayoría absoluta de los votos admitidos. Si no se logra el acuerdo, o si el deudor incumple las obligaciones adquiridas, procede la liquidación judicial.
El Decreto Legislativo 560 de 2020, expedido durante la emergencia sanitaria por COVID-19, introdujo herramientas adicionales de salvamento como la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización y los procedimientos de recuperación empresarial abreviados, varios de los cuales fueron prorrogados en su vigencia por la Ley 2088 de 2021. Estas disposiciones reflejan la tendencia global hacia regímenes de insolvencia que privilegien la reorganización sobre la liquidación, reconociendo que la destrucción de valor empresarial tiene costos sociales que exceden con mucho los intereses individuales de los acreedores.
La Ley 256 de 1996 tipifica los actos de competencia desleal en Colombia y establece las acciones judiciales para combatirlos. El artículo 7 consagra la cláusula general de prohibición: se considera desleal todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado.
Los actos específicamente prohibidos incluyen la desviación de clientela (artículo 8), la desorganización (artículo 9), la confusión (artículo 10), el engaño (artículo 11), el desprestigio (artículo 12), la comparación (artículo 13), la imitación (artículo 14), la explotación de la reputación ajena (artículo 15), la violación de secretos (artículo 16), la inducción a la ruptura contractual (artículo 17), la violación de normas (artículo 18) y los pactos desleales de exclusividad (artículo 19). La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales en estos procesos, lo que permite una resolución más ágil que la justicia ordinaria. Las acciones disponibles son la declarativa y de condena (prescripción de dos años) y la preventiva o de prohibición (imprescriptible mientras subsista la amenaza).
Respuestas claras a las consultas más comunes que recibimos de empresarios y emprendedores colombianos.
Cada decisión comercial tiene implicaciones jurídicas. Desde la constitución de su sociedad hasta la protección de su marca o la negociación de un contrato estratégico, contar con un abogado comercial competente no es un gasto — es la inversión más rentable que puede hacer por su negocio.
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